La Federación considera “decepcionante” que, tras la moratoria concedida por el Gobierno y que abría una aparente puerta a la negociación, el Ministerio de Industria decidiera suprimir definitivamente el pasado julio las tarifas especiales para regadío. La eliminación de estas tarifas, unida a la subida anunciada desde este mes de enero, supondrá para los agricultores un incremento en la factura eléctrica del orden del 90%, haciendo inasumibles los costes energéticos derivados del proceso de modernización de regadíos.

Supresión de las tarifas especiales, un freno a la modernización

Esta situación y la “inacción” del Ministerio de Industria, que obligó a los regantes a buscar soluciones a la subida tarifaria a través de acuerdos privados con las principales compañías eléctricas, llevó a Fenacore a anunciar una posible convocatoria de movilizaciones generalizadas en 2009. Con esta medida de protesta, los regantes quieren quemar su “último cartucho” para hacer oír su voz, de manera que paguen únicamente por la potencia realmente utilizada y se les aplique un tipo reducido de IVA en el suministro de electricidad por ser “usuario finalista”, tal y como sucede en Italia.

Fenacore teme que, si el Gobierno no adopta medidas inmediatas que permitan su adaptación a las nuevas tarifas eléctricas, se vea “muy frenada” la segunda fase del proceso de modernización de regadíos Horizonte 2015, impidiendo la transformación de más de un millón de hectáreas, y poniendo en grave peligro la viabilidad económica de las modernizaciones ya realizadas en esta primer horizonte del Plan Nacional de Regadíos (PNR), que finalizará mañana, día 31 de diciembre

Infraestructuras, una asignatura pendiente

En este sentido, la Federación reconoce que si bien el Ejecutivo Central contribuyó en 2008-a través de la aprobación del Real Decreto Ley de ayudas contra la sequía- a “aliviar” las pérdidas derivadas de la falta de lluvias, lamenta, sin embargo, que no se haya avanzado más ágilmente en la puesta en marcha de medidas complementarias que permitan a los regantes tener agua garantizada para compensar el esfuerzo económico derivado de la modernización de regadíos.

La Federación insiste en que la falta de infraestructuras sigue siendo “uno de los grandes retos de cara el nuevo año” aunque reconoce que hay otras medidas que se están desarrollando, como la cesión temporal de derechos de agua entre comunidades de regantes –o los denominados bancos públicos de agua- que están comenzando a ser utilizados casi con normalidad. 

En su opinión, la solución a la sequía en que está inmersa España desde hace cuatro años pasa por la construcción sostenible de embalses y trasvases intercuencas, además de seguir avanzando en otras medidas de gestión de la demanda, la cesión de derechos al uso privativo del agua, la desalación, la gestión conjunta de aguas superficiales y subterráneas, la recarga de acuíferos o la reutilización de aguas regeneradas urbanas, etc.

Dos carteras en una

Por otro lado, Fenacore recuerda que el año 2008 se despide también con la fusión de las carteras de Agricultura y Medio Ambiente en un solo Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, lo que supuso un reconocimiento explícito al papel que la agricultura de regadío desempeña para la conservación del medio ambiente y una esperanza en que los trámites medioambientales de las actuaciones derivadas del uso del agua en la agricultura sean más fluidos.

La “territorialización” de la gestión del agua

En otro orden, la Federación de Regantes estima que la “territorialización” de la gestión de las aguas, que han “asumido” algunas comunidades autónomas, mediante la reforma de sus estatutos con el respaldo de la Administración Central, pueden derivar en 2009 en un modelo autonómico “insolidario” y en auténticas “guerras del agua” entre territorios incluso de una misma comunidad. Como ejemplo, en Andalucía la gestión provincial además de generar conflictos, es incompatible con la gestión por cuencas hidrográficas, como especifica nuestra legislación y la Directiva Marco de Aguas (DMA) que obliga a los países de la UE. 

En este sentido, Fenacore recuerda con otro ejemplo que esta confrontación política ha tenido su reflejo durante el año pasado en el caso de Castilla-La Mancha, que en su nuevo estatuto –admitido a trámite en el Congreso- contempla el fin del trasvase Tajo–Segura para el año 2015, vulnerando los derechos de las provincias vecinas (Murcia, Alicante y Almería), cuando, en realidad, las competencias en materia de planificación fluvial en cuencas intercomunitarias corresponden “única” y “exclusivamente” al Estado Central tal como reconoce la Ley de Aguas y la Constitución española en sus artículos 149 y 45.2.

Más “voz y voto” en los órganos consultivos

Finalmente, Fenacore recuerda que para el nuevo año todavía “queda en el tintero” la reforma de la Ley de Aguas planteada en marzo de 2007 y que aplazaba hasta 2010 la puesta en marcha de la polémica “tasa por prestación de servicios”.

La Federación estima que uno de los artículos relacionados con la reforma y sobre los que el Ministerio de Medio Ambiente deberá reflexionar en 2009 es la exclusión de las Comunidades de Usuarios de su participación en el Comité de Autoridades Competentes, cuando, en realidad, estos deberían estar integrados de una manera efectiva dentro de la planificación, gestión y protección del agua, sin limitar su participación en los órganos de las demarcaciones hidrográficas.